ERBOL.- Representantes del pueblo indígena Tacana tienen previsto llegar este jueves a la ciudad de La Paz para reafirmar que su territorio es libre de minería y de contaminación minera, ecoturístico, biodiverso y de desarrollo productivo, avalados por la Ley Nº 177/2026 que fue aprobada por el Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura junto con la norma de creación de la nueva Área Protegida del municipio, denominada “Ena Bacua Yahui Quinaji” y que en idioma tacana significa “Víbora Cuidante del Agua” para la conservación de unos 200 “ojos de agua” y recursos hídricos ubicados en la serranía del sector oeste de la región amazónica.
El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Jorge Canamari, organización que celebró 34 años de creación el pasado 10 de octubre, cuando se promulgaron ambas normas municipales Nº 177/2026 y Nº 173/2026.
“Ambas leyes confirman que nuestro territorio es libre de actividad y contaminación minera, y además ahora podemos preservar y cuidar unos 200 ojos de agua repartidos en tres grandes distritos del Municipio de San Buenaventura”, informó Canamari y adelantó que los indígenas tacanas estarán el próximo jueves en la Sede de Gobierno, junto con el Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de San Buenaventura para presentar ambas normas ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y ante otras instancias públicas.
Explicó que la solicitud surgió hace años como un pedido legítimo de las comunidades indígenas para defender sus derechos y para preservar el acceso a sus recursos naturales. “Tenemos que luchar para que la contaminación originada por el mercurio que es utilizado en las actividades mineras ilegales, no continúe afectando cada vez más la salud de nuestro hermanos”, agregó.
Las normas municipales que fueron aprobadas se ponen en vigencia justo cuando se registra una expansión desmedida de actividades mineras auríferas en diferentes sectores de la Amazonía boliviana que están ocasionando impactos sobre los sistemas hídricos, los bosques, los suelos, la biodiversidad y las actividades productivas, además del deterioro de la salud de los habitantes de la región.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el principal tratado mundial vinculante que protege y reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tribales de países independientes, establece que los Estados deben reconocer el derecho de propiedad y de posesión de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
También exige que los gobiernos establezcan sanciones apropiadas contra cualquier intrusión o uso no autorizado de las tierras de los pueblos indígenas.
Conservación de “ojos de agua”
Según la ley de creación del Área Protegida Municipal “Ena Bacua Yahui Quinaji” o Víbora Cuidante del Agua, el recurso hídrico se constituye en un derecho fundamental para la vida en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.
La nueva área protegida municipal fue creada para la conservación de más de 200 ojos o fuentes de agua y recursos hídricos en el Municipio de San Buenaventura de la provincia Iturralde del Departamento de La Paz, ubicados en la serranía que se levanta en el sector oeste de la regi y fue diseñada y establecida con apoyo técnico de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS) Bolivia.
La zona de conservación tiene 43.591 hectáreas con la categoría de Área Natural de Manejo Integrado y tiene por objeto compatibilizar la conservación de las fuentes de agua los recursos hídricos, la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la población local.
Se determina como objetivo principal del área protegida municipal proteger y conservar las fuentes de agua u ojos de agua, las microcuencas, los ríos y arroyos evitando su contaminación o deterioro ambiental para el desarrollo de la vida acuática y el aprovechamiento tradicional, garantizando la provisión de agua a las comunidades locales y las zonas urbanas para el uso sostenible de los recursos hidrológicos que contienen.
También establece el resguardo de la función de recarga hídrica a través de la protección de toda la serranía desde la serranía El Bala y del Susse hasta el cauce del río Tarene.
Para Canamari ambas normas fortalecen a los pueblos indígenas de San Buenaventura, principalmente a los tacanas, por defender sus recursos naturales y el derecho irrenunciable de acceso al agua. (Cronista21)
